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La Ley Electoral, el primer obstáculo de Ciudadanos y Podemos

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Los partidos emergentes que aspiran a entrar por primera vez en el Congreso el 20 de diciembre se toparán como primer obstáculo con una ley electoral que favorece a las fuerzas más votadas, alimentando el bipartidismo al que los nuevos partidos quieren poner fin, tras casi 40 años de democracia.

   La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aprobada en 1985, asigna un mínimo de dos escaños a cada una de las 50 provincias, y uno a cada ciudad autónoma (Ceuta y Melilla), quedando por repartir entre las provincias -según su población- 248 de los 350 escaños, que conformarán el nuevo Parlamento.

   Con este reparto, Ciudadanos y Podemos, así como partidos minoritarios como Izquierda Unida y UPyD, conseguirán mejores resultados en el ámbito urbano, según el análisis del último CIS, y tendrán un impacto limitado en las provincias pequeñas donde la ley electoral les penalizará.

   “Se da una sobrerrepresentación en los distritos pequeños, que hace que la proporcionalidad no pueda operar en provincias donde se eligen a pocos diputados”, dijo a esta periodista el politólogo José Fernández Albertos, sobre la imposición de dos diputados por provincia, lo que hace imprescindible ser un partido grande para optar al reparto de escaños.

   En 28 de las 50 provincias donde se eligen cinco o menos diputados, cualquier formación política necesitará sacar entre un 15 y un 20 por ciento de los votos para lograr un escaño mientras que en zonas más pobladas como Madrid, un tres por ciento de los votos otorga automáticamente un diputado.

   “Es difícilmente justificable en términos democráticos que los votos de las Castillas, por ejemplo, cuenten más que los obtenidos en grandes provincias como Madrid o Barcelona”, dijo Fernández Albertos.

Workers stand in front of graffiti that says in Spanish "The future is in your hands 20D (December 20)" in Oviedo, northern Spain, December 14, 2015. REUTERS/Eloy Alonso - RTX1YO08

Fotografía de Eloy Alonso, 14 de diciembre de 2015, Oviedo, España

    LA CULPABILIZADA LEY D’HONDT

   Se tiende a culpar del desigual reparto de los votos en las provincias a la Ley d’Hondt, sin embargo, ésta se aplica para convertir los votos en escaños mediante una serie de divisiones, que fue creado por el jurista belga Victor d’Hondt.

   Comenzó a aplicarse en España tras el fin de décadas de dictadura en la que los españoles no habían celebrado unas elecciones libres, “por el miedo a que hubiera una mayoría amplia a favor de un partido rupturista y porque se buscaba la estabilidad del país”, dijo Fernández Albertos.

   La Ley d’Hondt entra en juego una vez realizado el recuento de votos, al dividir el número de sufragios obtenidos por cada candidatura entre 1, 2, 3, etc. hasta un número igual al de escaños de la provincia en cuestión. Finalmente, los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores.

   En las elecciones más reñidas de la historia de la democracia, la clave electoral será ver si se rompe la estimación de voto bipartidista de Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, ambos por encima del 20 por ciento, según el CIS, con la entrada de Ciudadanos y Podemos, que oscilan en una horquilla que va del 10 al 19 por ciento de estimación de voto.

   La situación hace pensar que los dos partidos en auge librarán una batalla en cada provincia por conseguir ser la tercera fuerza, que tendrá muchas más posibilidades de obtener un escaño que la cuarta.

   Sin embargo, en opinión del polítólogo, más que por la fórmula d’Hondt, el PP volvería a “salir beneficiado por acumular una mayoría de votantes en las circunscripciones sobrerrepresentadas”, donde se concentran más personas mayores con una tendencia conservadora.

   PP y PSOE han retocado muchas veces la ley electoral, pero nunca han aceptado modificar el sistema, frente a los dos partidos emergentes, que se han comprometido a promulgar una nueva y previsiblemente serán claves para conformar gobiernos.

   En el caso de Ciudadanos, apuesta por que la circunscripción pase de ser la provincia a la Comunidad Autónoma, “una solución sencilla que ayudaría a que las provincias pequeñas al unirse en su CCAA pasasen a ser circunscripciones grandes donde pequeños partidos podrían acceder al reparto de escaños sin ningún problema”, explicó Fernández Albertos.